February 06, 2022

Venezolanos sin Patria

 “La inconsistencia del gobierno de Biden es notable al expulsar a venezolanos, cuando hace menos de un año les otorgó Estatus de Protección Temporal a los venezolanos en Estados Unidos, basándose precisamente en las devastadoras condiciones en el país que los obligó a huir”. Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch

En la historia reciente buscando refugio allende sus fronteras la tragedia venezolana tiene un nuevo capítulo. Ahora el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos-DHS comenzó a expulsar venezolanos amparado en el Título 42, una norma instaurada por el gobierno Trump que permite expulsar a inmigrantes con el argumento que se quiere evitar la propagación del virus. La deportación impide la posibilidad de solicitar asilo y permanecer en suelo norteamericano.

Lo extraño es que los primeros deportados no regresaron a Venezuela sino a Colombia pues según el gobierno colombiano esas personas ‘’tenían estatus migratorio’, es decir tenían protección temporal y luego intentaron ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Una novedosa forma de complacer a la administración Biden menoscabando los derechos de los migrantes venezolanos. El argumento es que el gobierno del norte no reconoce a Nicolás Maduro como presidente y en consecuencia no existen relaciones diplomáticas, por lo que es ‘’imposible para el Departamento de Seguridad Interna retornar a los indocumentados a su país de origen’’.

Unos apátridas en el estricto sentido de la palabra. A diferencia de lo ocurrido con migrantes haitianos que luego de establecerse en varias naciones de Sur América llegaron masivamente a la frontera, miles luego fueron retornados a su país de origen. No es cierto que el gobierno colombiano haya negociado con autoridades norteamericanas un acuerdo para recibir a venezolanos deportados. De acuerdo con informaciones del Washington Post (https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/01/31/biden-border-venezuelan-migrants-colombia/) el Secretario de Estado Anthony Blinken viajó a Bogotá en octubre para un acuerdo de modo que Colombia aceptara venezolanos expulsados.

‘’La promoción de un enfoque regional para manejar las presiones migratorias’’. Blinken no pudo decirlo con más claridad: ‘’El reto de la migración que estamos enfrentando en nuestro hemisferio no es un problema de un país’’. Una forma velada de pasarle el problema sólo Colombia que ha sido el país que más venezolanos ha recibido en su territorio (cerca de 2 millones). Por otro lado, resulta paradójico que el gobierno Biden les haya dado el Estatus de Protección Temporal a los venezolanos en Estados Unidos precisamente basado en las condiciones devastadoras que los obligó a huir y ahora los expulsa.

La administración Biden se ha visto incapaz no solo de darle una solución a la crisis migratoria, sino que se ha vuelto el blanco de las críticas de sus opositores por el alto flujo de personas que intentan cruzar. De acuerdo con cifras publicadas por las autoridades de inmigración, se produjeron un total de un millón setecientos mil detenciones a septiembre de 2021, de las cuales 25 mil fueron de ciudadanos venezolanos. Adonde fueron a parar todas esas familias?

No hay discusión que la frontera con México es una caldera en ebullición donde los coyotes sacan jugosa partida en lo que alguien definió como uno de los negocios más rentables de la época reciente. Una multinacional del tráfico humano que tiene muchas aristas y porqué no decirlo participación de autoridades policiales y de inmigración en varios países de Centro y Suramérica. Hasta hace muy poco en una pequeña localidad de la frontera colombo panameña llegaron más de 20 mil migrantes con nacionalidades africanas, asiáticas y mayoritariamente haitianas en su paso hacia el norte.

La patrulla fronteriza se resigna a llevar indocumentados a los centros de detención, pero su función primaria de velar por la seguridad se ha visto limitada por el alto flujo de personas que buscan ingresar a los Estados Unidos. Una de las situaciones de mayor complejidad es la forma como la patrulla debe actuar cuando se trata de lidiar con niños que llegan acompañados de sus padres o familiares quienes pasan a la Oficina para el Asentamiento de Refugiados.

Por razones logísticas y legales los menores son enviados vía aérea o en autobuses a varios estados adonde deben permanecer en muchos casos por largo tiempo antes de ser entregados a sus padres si han sido liberados, familiares o custodios. La política Cero Tolerancia impuesta por el gobierno Trump llevó a que cerca de mil setecientos menores nunca pudieron regresar con sus padres. Una experiencia sicológicamente traumática y dolorosa que deja huellas imborrables muy difíciles de superar.



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